Unidas por Valdepeñas anuncia que estudia acciones penales contra el alcalde tras el pleno extraordinario de julio

El Grupo Municipal Unidas por Valdepeñas compareció en rueda de prensa para valorar el pleno extraordinario celebrado el pasado 31 de julio, convocado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ratificada por el Tribunal Supremo, que obligaba a repetir la votación de varios puntos.

Alberto Parrilla, portavoz del grupo, denunció que durante la sesión se les impidió intervenir con normalidad, con «constantes llamadas de atención al orden» y cortes en sus argumentos que, a su juicio, vulneraron sus derechos como concejales. Parrilla criticó que el pleno se convocara en fechas de feria local y con solo tres días de antelación a los concejales, y rechazó las acusaciones del alcalde, Jesús Martín, sobre la falta de iniciativas de su grupo, remitiendo a las mociones judicializadas, a las propuestas presupuestarias y a los ruegos y preguntas planteados en los plenos.

El portavoz recordó además que fue invitado personalmente por el alcalde a asumir de su bolsillo 5.661 euros en concepto de abogado y procurador tras una sentencia posteriormente anulada por el Tribunal Supremo, y preguntó si el regidor asumirá igualmente, de forma personal, los 3.900 euros que cuesta la celebración de un pleno extraordinario. Parrilla confirmó que los servicios jurídicos del grupo están estudiando emprender acciones por la vía penal contra el alcalde, al considerar que las reiteradas sentencias en contencioso-administrativo podrían constituir indicios de prevaricación, aunque precisó que de momento no se ha presentado ninguna denuncia.

Por su parte, David Casado, también portavoz del grupo, centró su intervención en los puntos tratados en el pleno. Explicó que uno de ellos —la tasa de depuración— fue el origen del conflicto que derivó en la expulsión de la edil Cándida del pleno de noviembre y en la posterior repetición de la votación. Según Casado, se trataba de decidir si el sobrecoste del contrato con Aguas de Castilla-La Mancha debía repercutirse en el recibo del agua de los vecinos o ser asumido por el Ayuntamiento.

Casado explicó que el punto de mayor calado fue la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basuras. Recordó que en noviembre de 2024 se aprobó una enmienda de su grupo que introducía una bonificación de hasta el 25% por uso del punto limpio, bonificación que —según denunció— nunca llegó a aplicarse. Su grupo había presentado una nueva enmienda para ampliar dicha bonificación y agilizar su aplicación, pero el alcalde no permitió su debate, lo que llevó a Unidas por Valdepeñas a votar en contra de la modificación. Como consecuencia, la ordenanza ha vuelto a los importes de 2023, lo que supone, según sus cálculos, una rebaja de entre el 30 y el 50% en la tasa de basuras para las familias, poniendo como ejemplo un hogar de cuatro miembros, que pasaría de 114 a 77 euros.

Casado señaló también que los puntos anulados por la sentencia del TSJCLM no han vuelto a aprobarse en el pleno extraordinario, por lo que se habrían realizado cobros a los vecinos en base a tasas anuladas. El grupo ha solicitado un informe a los servicios jurídicos y de intervención del Ayuntamiento para determinar si esos recibos son reclamables y por qué vía.

Ambos portavoces hicieron referencia a una intervención de la portavoz de Vox en el pleno, en la que —según su interpretación— reconoció la connivencia de un concejal de su formación con el equipo de gobierno, una circunstancia que Unidas por Valdepeñas asegura venir denunciando desde el inicio de la legislatura.