El DOCM publica la Ley de Presupuestos para 2022, centrados en la reactivación económica y social y el fortalecimiento del Estado del Bienestar

El DOCM publica la Ley de Presupuestos para 2022, centrados en la reactivación económica y social y el fortalecimiento del Estado del Bienestar

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Los presupuestos para el próximo ejercicio destinan 6.758 millones de euros a gasto social y más de 1.863 millones a actuaciones de carácter económico. 

También financian las más de 700 medidas recogidas en el último Pacto por la reactivación económica y el empleo, firmado con los empresarios y con los agentes sociales.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero, con los objetivos fundamentales de continuar poniendo todos los medios financieros necesarios para recuperar la senda de creación de riqueza y empleo anterior a la crisis, sin dejar a nadie atrás; impulsar la recuperación social; incidir en la modernización del tejido productivo de la región; fortalecer el Estado del Bienestar y seguir impulsando la estrategia para hacer frente al reto demográfico.

Los presupuestos, que fueron aprobados por las Cortes regionales el pasado 22 de diciembre, parten del diálogo social y financian las más de 700 medidas recogidas en el último Pacto por la reactivación económica y el empleo, firmado con los empresarios y con los agentes sociales, y que va a permitir hacer frente a los principales retos de Castilla-La Mancha, como son la modernización del sector productivo, el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y el agua, la sociedad del bienestar y la lucha contra la despoblación.

El presupuesto para el próximo año asciende a 12.273,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento respecto a las cuentas de este año y 171,1 millones más. Una cifra que consolida el gasto público de carácter excepcional destinado en 2021 para la recuperación social y económica tras superar la fase más dura de la pandemia y que permitirá financiar de manera adecuada y suficiente dos grandes grupos de políticas: las relacionadas con el Estado del Bienestar y las que inciden de manera directa en el crecimiento económico y en el empleo.

Más de 6.758 millones para el Estado del Bienestar

Respecto al gasto social, se destinarán 6.758 millones de euros a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estos recursos suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero.

Desde que gobierna el presidente Emiliano García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado del Bienestar se ha incrementado en más de un 50 por ciento y la mitad de ese incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria.

Las actuaciones de carácter económico contarán con 1.863 millones

Por su parte, las actuaciones de carácter económico superarán los 1.863 millones de euros, lo que supone una variación del 6,1 por ciento respecto a 2021, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.

Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, la apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+i, el refuerzo de las políticas de empleo y las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental.

Las inversiones aumentan hasta alcanzar los 1.463 millones

Las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, cuentan con 1.463 millones de euros, destinados a las infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos fundamentales, la modernización del tejido productivo, la transformación digital y las infraestructuras de carácter general.

Asimismo, los presupuestos para 2022 incluyen un importante volumen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente, 728 millones de euros que se distribuyen entre las diferentes políticas tractoras.

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