Sí a la Tierra Viva llevará a los tribunales el proyecto de exploración de tierras raras de Quantum Minería si el Gobierno regional lo autoriza

Sí a la Tierra Viva llevará a los tribunales el proyecto de exploración de tierras raras de Quantum Minería si el Gobierno regional lo autoriza

La plataforma recuerda que el pasado día 24 de abril el Parlamento de Canarias aprobó por mayoría un acuerdo contra la exploración y explotación de tierras raras por sus impactos negativos sobre la salud y el medioambiente y que todos los cabildos del archipiélago anunciaron días antes, a través de la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (FECAI), su total oposición por el riesgo que esta actividad supone para el territorio, calificándola como «una de las más contaminantes del planeta».

 

A mayores, el 29 de abril, la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura ha presentado un extenso informe al Ejecutivo canario evaluando como incompatible las actividades exploratorias y extractivas con la protección integral de la Red Natura 2000 y la propia Reserva.

Es necesario insistir en que, además, a principios de mes las autoridades de Fuerteventura alertaron textualmente sobre los evidentes riesgos que comportan este tipo de proyectos, afirmando textualmente que, como las tierras raras suelen encontrarse en bajas concentraciones, es necesario procesar enormes cantidades de mineral para obtener pequeñas cantidades, lo que «crea elevadas acumulaciones de residuos». Además, «las tierras raras suelen estar mezcladas, lo que significa que se requieren grandes cantidades de energía y materiales para separarlas». Por otra parte «la extracción, la reducción, la separación y el refinamiento de tierras raras pueden crear residuos peligrosos y contaminantes para el agua, el suelo, el aire y los seres humanos».

Como resultado, el Gobierno canario ha instado a la promotora a retirar los permisos de exploración, lo que finalmente ha sucedido, y el Parlamento debate ahora sobre la necesidad de blindar al archipiélago frente a una actividad socialmente denostada e incompatible con la protección de la salud pública y el medio ambiente.

Es en este contexto en el que de manera incomprensible la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha hablado en público de «exigir a las empresas de tierras raras cumplir ambientalmente» dejando la puerta abierta al proyecto de exploración de Quantum Minería en Ciudad Real. Y todo, mientras el PSOE en el Parlamento de Canarias y su responsable institucional en Fuerteventura rechazan de manera tajante esta actividad, explicando que puede generar «daños irreparables e irreversibles» a ecosistemas «de alto valor geológico, paleontológico, faunístico, botánico y paisajístico».

Finalmente, también se hace necesario insistir en la tamaña irresponsabilidad de Jesús Martín, alcalde socialista de Valdepeñas, que tras haber sido contactado por la empresa y grupos de presión vinculados a la patronal del sector, ha pasado de defender el medioambiente y la salud de la ciudadanía frente a la minería de tierras raras a «cacarear» en público los mensajes de la mercantil afirmando que sería «divino» si esta actividad permite «fabricar Iphones» en la localidad.

LA PLATAFORMA ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

Por los motivos que Sí a la tierra Viva ha expuesto durante años y de manera especial durante los últimos cuatro meses, y teniendo en cuenta las actuaciones (y contundentes afirmaciones) que contra la minería de tierras raras en todas sus formas están teniendo lugar por parte de las autoridades locales, provinciales y autonómicas en otras zonas del Estado, la plataforma anuncia que recurrirá por vía judicial la eventual aprobación de cualquier permiso de investigación de tierras raras concedido a Quantum Minería en Ciudad Real.

La asociación considera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y todas sus consejerías deben adoptar medidas proactivas y promover alternativas sostenibles demostrando un compromiso con un futuro más limpio y seguro para las futuras generaciones buscando no sólo proteger los ecosistemas y la calidad del aire y agua en la región, sino también salvaguardar la salud y el bienestar de la ciudadanía frente a una actividad extractiva que, como se ha demostrado en otras zonas del mundo, puede tener múltiples impactos negativos en el medioambiente y la población.

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